Esta semana, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa) alertó respecto a las graves consecuencias del alza en los decomisos de fármacos de venta ilegal, que llegó al 29% entre el año 2020 y 2021. Una estadística que interpela al acceso y seguridad de los medicamentos en nuestro país.
“Esto es pura educación. Hay información que se pasa de mano en mano con mucha liviandad. Hay que enseñar que todos los medicamentos son tóxicos y asegurar el acceso a los percentiles más vulnerables, para que no compren medicamentos en la calle”, abordó el académico de la Facultad de Química y Biología de la Usach, Leonel Rojo.
Respecto a los recientes casos de falta de stock de medicamentos en las denominadas “farmacias populares” a cargo de las municipalidades, Rojo apuntó a que éstas “han caído en insolvencia, porque no es posible atender a todo el mundo a precios bajos sin endeudar el erario público de las municipalidades”.
En esa misma línea, agregó que “quizás las municipalidades pueden proveer medicamentos a través de los Cesfam de la comuna; pero, tal como están, no son un modelo sostenible, terminan siendo una herramienta política”
Finalmente, apuntó a que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, CENABAST, no estaría dando abasto, a la luz de convenios con grandes cadenas de farmacias. “Ahí caemos en el riesgo de que un solo prestador privado monopolice el sistema de distribución. Todos los gobiernos han sido cómplices porque han dejado que prestadores privados tengan más del 90% del mercado. Hay que fomentar las farmacias independientes”.
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