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Por unanimidad, la Comisión de Educación aprobó y despachó a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que posterga la entrada en vigencia, para el 2024, de los aranceles regulados para las instituciones de educación superior que están adscritas a la gratuidad.

La fecha también corre para los derechos básicos de matrícula y los costos de titulación o graduación.

La instancia escuchó la postura del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH); de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9); y de la Corporación de Universidades Privadas (CUP). Todas estas instituciones suscribieron y respaldaron la prórroga.

Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades del Estado, llamó a diseñar un mecanismo que satisfaga las necesidades de las instituciones. Al mismo tiempo, pidió tener en cuenta el carácter distintivo de las universidades del Estado.

Asimismo, solicitó considerar la situación de las universidades regionales y de zonas extremas. Esto, en el futuro mecanismo que se utilice para el cálculo de los aranceles de gratuidad.

En tanto, desde la Red de Universidades Públicas no Estatales, plantearon garantizar la participación efectiva de las universidades y considerar principios fundamentales, como los modelos integrales de aranceles y la infraestructura.

En el mismo sentido, el presidente de la Corporación de Universidades Privadas, Cristián Nazer, reiteró su respaldo a la ley corta, además de las acciones que ya se están tomando.