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Al menos 1.200 bolsonaristas fueron detenidos este lunes en el campamento que habían montado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia desde las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasil.

Los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocen la victoria del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, fueron detenidos luego de que, cercados por la Policía y el Ejército, desmontaran pacíficamente el campamento en el que se refugiaban.

Según el Ministerio de Justicia, los manifestantes apresados fueron conducidos en al menos 40 autobuses hasta la sede de la Policía Federal, donde serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del domingo y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra.

Tan solo permanecerán arrestados los que sean señalados como participantes en los actos vandálicos y los que tengan algún indicio en su contra.

Los presos se sumarán a las cerca de 300 personas que fueron detenidas el domingo por su responsabilidad en los ataques.

El desalojo fue pacífico y se produjo luego de que el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once miembros de la Corte Suprema, ordenara el desmonte de todos los campamentos frente a cuarteles militares del país y desde el que defendían un golpe de Estado en Brasil contra Lula.

El campamento de los radicales en Brasilia, montado hace más de 70 días, desde que Lula se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales, sirvió de base para los manifestantes que invadieron el domingo las sedes de los tres poderes de Brasil y fue el lugar al que regresaron tras su fracasado intento de forzar un golpe de Estado.

El número de radicales en el campamento frente al cuartel del Ejército venía cayendo desde la investidura de Lula, el 1 de enero pasado, y el jueves las autoridades contabilizaban unas 200 personas, pero el sábado saltó hasta unas 3.000 luego de que los bolsonaristas convocaran la manifestación del domingo.

Ante el caos generado por el asalto a los edificios públicos, Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno federal.

El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.