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Con un reproche al ministro Carlos Montes, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el informe de la comisión investigadora sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La instancia, que abordó el “Caso Convenios”, tuvo como finalidad reunir información sobre las transferencias y actos de gobierno realizados en el marco de dicho programa, durante los años 2022 y 2023.

El informe, aprobado por 72 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones, concluye que “evidentemente hay un mecanismo de conducta para aprovecharse del Estado”. Agrega que es “una práctica transversal de aprovechamiento de este sistema de convenios”.

También señala que la flexibilización de requisitos para transferencias a terceros, permitió que diversas instituciones sin experiencia previa fueran receptoras de fondos públicos. Esto en una modalidad de entrega arbitraria, dependiente de la autoridad de turno y carente de requisitos.

Además, el informe llama la atención sobre la falta de voluntad del Gobierno de colaborar con las instancias fiscalizadoras de la Cámara. Esta situación, añade, no resulta “un hecho aislado”.

En ese contexto se citan las solicitudes de información remitidas por oficio al Presidente de la República, que no fueron contestadas. Asimismo, la negativa del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, de concurrir a las múltiples citaciones de la comisión. Eso, agrega, solo fue subsanado tras “la amenaza de un procedimiento sancionatorio por parte de la Contraloría General de la República”.

 RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

El informe critica el trabajo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y del Consejo de Defensa del Estado. Este último, porque habría tenido “un accionar cuestionable y en extremo reactivo, que no responde a la magnitud y profundidad del episodio de corrupción” que implica el caso convenios.

Respecto de diversas autoridades, el informe cuestiona en primer lugar a la directora de presupuestos, Javiera Martínez. Indica que las medidas que adoptó, en materia de control presupuestario, “se oponen al resguardo del buen uso de los recursos públicos que ha caracterizado a la Dirección de Presupuestos”.

 Además, en materia de transferencias de los Gobernadores Regionales a entidades privadas, la Dirección de Presupuestos “no ejerció debidamente el control en el uso eficiente de los recursos públicos. Esto ya que, al visar las reasignaciones presupuestarias, se permitió aumentar los recursos destinados a este tipo de transferencias en desmedro de aquellas transferencias vinculadas a la inversión regional”.

Sobre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, el documento señala que si bien no conocía la situación que afectaba a su cartera, no evita el reproche por la diligencia con la que condujo el ministerio. Se consigna que, aunque los Seremis realizaron transferencias de manera delegada, el ministro Montes debió fiscalizar que dicha delegación se realizara ajustada a la ley.

También se apunta contra la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Se sostiene que conoció los hechos irregulares del caso Democracia Viva y no alertó a las autoridades superiores. Asimismo, el informe apunta a su negligencia al no denunciar al Ministerio Público los hechos que constituían caracteres de delito.

Lo propio respecto de Miguel Crispi, quien tuvo la información días antes de ser públicos. Se afirma que su omisión y falta de deferencia con la comisión permiten cuestionar su continuidad, “la que de cualquier forma solo depende de la voluntad del Presidente de la República”.

 CONCLUSIONES

En sus conclusiones, el informe sostiene que el caso “Democracia Viva” dejó en evidencia la precariedad de los controles de transferencias del Estado al mundo privado.

Además, que es posible advertir patrones comunes en las diversas aristas de corrupción que componen el caso Convenios. “No es aventurado o irresponsable advertir la existencia de un mecanismo o el concierto previo para determinar una forma de defraudar al Fisco”.

También se plantea la ausencia de facultades para fiscalizar las actuaciones de los gobiernos regionales.

Por ello, se señala la necesidad de modificar el marco normativo, respecto de la relación del Estado con entidades privadas sin fines de lucro. Robustecer los criterios de control y fortalecer el ordenamiento jurídico y la institucionalidad. Todo ello para poner término a los controles laxos que permiten el registro de este tipo de situaciones.

Finalmente, se insta a avanzar en la tramitación legislativa de todos los proyectos que dicen relación con la probidad en la administración pública.