El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la crisis educativa en la Región de Atacama y realizó un llamado a un debate “responsable”.
Durante esta jornada, el titular del Mineduc señaló que lo "importante es reconocer que la situación crítica de la educación pública no comienza los Servicios Locales”.
“Los Servicios Locales son una respuesta a un diagnóstico compartido, en que se legisló y transversalmente se aprobó una reforma, dado que el sistema actual municipal no da cuenta de las necesidades que tiene el sistema”, acotó.
En ese sentido, pidió que “este debate se haga de manera responsable. Hace algunos días atrás yo señalé que vamos a convocar a una mesa de trabajo para poder abordar este tema de manera seria, responsable y espero con la mayor transversalidad y la mayor cantidad de acuerdos posible, porque hay un diagnóstico que es compartido y nuestro Gobierno, por cierto, va a hacerse responsable y esa fue la conversación que tuvimos el día de ayer con el Presidente Gabriel Boric".
En cuanto a la presencia de eventuales delitos, el secretario de Estado enfatizó que el ánimo del Gobierno y la posición como Ministerio de Educación, “es obviamente llegar a las últimas consecuencias frente a cualquier delito que se haya cometido en este proceso".
En esta línea, indico que solicitaron a la Dirección de Educación Pública instruir un proceso de auditoria forense con el fin de "identificar responsabilidades individuales frente a las pesquisas que se identificaron en los informes de auditoría que ya se habían realizado anteriormente".
Respecto a las medidas que podría tomar el Ejecutivo en caso que los docentes continúen la movilización que lleva más de 50 días, Cataldo sostuvo que "nosotros no podemos accionar en contra de los profesores y profesoras si es que ellos no quieren volver a clases".
"Hay mecanismos y pronunciamientos de la propia Contraloría con dictámenes que señalan que cuando las clases no se realizan, proceden descuentos, porque si no se está trabajando, eso puede tener consecuencias frente a las remuneraciones. Pero eso es una responsabilidad que le corresponde al sostenedor implementar, considerando que hay dictámenes de Contraloría que lo señalan de esa forma y que, además, efectivamente si eso no ocurre, puede haber juicios de cuentas o sanciones administrativas asociadas a no aplicar la normativa", detalló.
De esta forma, el ministro manifestó que "esperamos que eso no ocurra, esperamos que se allanen las conversaciones. De hecho, en este minuto nuestra subsecretaria y los equipos de la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación están conversando con los actores locales, acompañados por el Gobernador Regional y parlamentarios del territorio”.
“Esperamos que prime la racionalidad y se ponga en el centro a los niños y niñas, que son los más importantes en este proceso", acotó.
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