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Específicamente, la iniciativa popular de norma (IPN), plantea reemplazar la letra f del inciso 22 del artículo 16, que habla sobre el derecho a la educación. De esta forma, las Universidades Estatales buscan incluir en el texto propuesto por la Comisión Experta una norma más extendida sobre la educación pública y su incidencia en la vida de las personas.

La enmienda presentada amplía los alcances de lo que se entiende por “establecimientos educacionales pluralistas en todos los niveles de enseñanza”, a partir de una mirada a la historia constitucional del país, que desde sus albores estableció que la educación pública es una atención preferente del Estado.

“Es fundamental que en la nueva Constitución se garantice la existencia de una robusta red de establecimientos estatales que provean educación pública, laica, pluralista y de calidad, articulada en todo el territorio nacional y niveles de enseñanza, lo que en ningún caso se contrapone con el derecho de los particulares a crear, organizar y mantener establecimientos desde sus propios proyectos educativos”, argumenta la propuesta.

Alejandra Contreras, directora ejecutiva del Cuech, señaló que “para el Consorcio resulta esencial que la nueva Constitución reconozca a la educación como un derecho garantizado por el Estado, el que para hacerse efectivo requiere de un sistema estatal articulado, que ofrezca una formación pluralista, inclusiva y de excelencia en todos sus niveles, desde el preescolar al superior".

"El reconocimiento constitucional del derecho a la educación y de su necesaria provisión pública permitiría formalizar la adecuada integración del conjunto del sistema en todo el territorio nacional y en todos sus niveles, permitiendo la retroalimentación, colaboración, fortalecimiento permanente y la necesaria articulación entre las distintas etapas y modalidades formativas”, añadió Contreras.