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La organización de conservación marina Oceana acudió a la Contraloría General de la República para que revise la ilegalidad del aumento de las cuotas de pesca establecidas por el Ministerio de Economía para las especies merluza austral, merluza común y congrio dorado, todas en estado de sobreexplotación.

La ONG argumenta que las cuotas decretadas por la autoridad se hicieron sin la información científica necesaria, modificando los criterios de riesgo y, por lo tanto, pasando por encima de las consideraciones científicas y del principio precautorio de la Ley de Pesca.

Javiera Calisto, directora legal de Oceana Chile, señaló que “al estudiar los antecedentes de estas pesquerías detectamos que se estaban pasando por alto las recomendaciones de los científicos independientes, cuestión que es preocupante, sobre todo por el estado frágil en que se encuentran estas especies”.

“Utilizando un mecanismo arbitrario, el Comité de Manejo, integrado por partes que se ven beneficiadas con este aumento, modificó el porcentaje de riesgo para así obtener más cuota de pesca”, afirmó.

Esta denuncia presentada a Contraloría se suma a otra hecha por Oceana respecto al aumento ilegal en la cuota de captura de la merluza austral. En 2018 el Comité Científico Técnico recomendó una cuota de 14.800 toneladas anuales para 2019, pero el Comité de Manejo modificó el criterio de riesgo sin proporcionar antecedentes científicos, obteniendo una cuota mayor que ascendió a 19.537 toneladas. Al detectar esta irregularidad, Oceana solicitó al Ministerio de Economía invalidar dicho incremento, y tras la negativa de la cartera, la organización recurrió al tribunal ambiental.

En mayo de 2021, en una sentencia inédita, el 2° Tribunal Ambiental de Santiago, estableció que el incremento de la cuota global de pesca de merluza austral de 2019 fue ilegal, dando la razón a la ONG.

Pese a las recomendaciones de los miembros del Comité Científico Técnico, la misma situación se repitió al año siguiente, cuando el Comité de Manejo volvió a cambiar arbitrariamente el porcentaje de riesgo para obtener una mayor cuota en 2020, medida que carecía de todo fundamento científico. Asimismo, en las cuotas establecidas para 2021, 2022 y 2023, se decidió mantener el nivel de riesgo de un 50% que favorece una cuota por sobre las recomendaciones científicas, obteniendo de esta forma 19.446 toneladas cada año.

“La sentencia del Tribunal Ambiental fue clara y estableció que la cuota fue decretada de forma ilegal pues no se contaba con toda la información científica necesaria”, afirmó Calisto.

Agregó que “cualquier modificación de cuota está a cargo del Comité Científico y no del Comité de Manejo, en eso la actual ley es clara y esperamos que la autoridad tome cartas inmediatas en el asunto”.

En el documento presentado a Contraloría se da cuenta de otros casos donde se utilizó el mismo mecanismo para aumentar las distintas cuotas globales de captura, sin basarse en nuevos antecedentes científicos.

“Esperamos que la Controlaría instruya a las autoridades del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Pesca en cuanto a que cualquier cambio en la determinación de las futuras cuotas se haga cumpliendo con la ley, en vinculación con los comités científicos y la asesoría de los comités de manejo sin olvidar que el fin último de la normativa es garantizar la sostenibilidad de las pesquerías”, añadió Calisto.

Oceana destacó que la merluza común está dentro de las especies más consumidas en el país, mientras que la merluza austral está dentro de los pescados preferidos en la zona sur. Ambas pesquerías, además del congrio dorado, se encuentran sobreexplotados de acuerdo con el último informe “Estado de situación de las principales pesquerías chilenas, año 2021”, sin presentar evidencias de mejoras desde al menos 2013.