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El nuevo informe Education at a Glance 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) puso el foco en uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo chileno: la disponibilidad y calificación de sus docentes.

El reporte, que reúne indicadores educativos de los países miembros de la organización, advierte que 23,4% de los profesores de educación básica y media que trabajaban en establecimientos públicos en Chile no estaba plenamente calificado para ejercer su labor en 2024.

La cifra más que duplica el promedio registrado por los países de la OCDE, que alcanzó un 9,1% para el mismo indicador. De acuerdo con la definición utilizada por el organismo internacional, un docente “no plenamente calificado” es aquel que no cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de su país para ser considerado profesor plenamente habilitado. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando cuenta con un título, pero no posee alguna formación pedagógica obligatoria u otro requisito exigido por la legislación.

La OCDE precisa que los años de referencia pueden variar entre los indicadores y países, debido a que se utiliza el último dato disponible en cada caso. Por ello, la cifra chilena de docentes no plenamente calificados corresponde a 2024.

PUESTOS SIN CUBRIR Y SALIDA DE PROFESORES

El problema de la calificación se suma a las dificultades que enfrenta Chile para cubrir todos los puestos disponibles en el sistema público.

Según el informe, 3,6% de los puestos de enseñanza media pública estaba vacante al inicio del año escolar 2024. La OCDE utiliza este indicador para aproximarse a la magnitud de la escasez docente, contabilizando los cargos que permanecen sin cubrir al comenzar el año académico.

A ello se agrega la salida de profesores del sistema. Durante 2024/25, 8,4% de los docentes chilenos de educación básica y media que estaban plenamente calificados dejó la profesión en establecimientos públicos.

Esta categoría considera situaciones como la jubilación, la renuncia o el traslado hacia otro puesto dentro del sector público educativo. La proporción también se ubicó por encima del promedio de la OCDE, que llegó a 6,4%.