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El Gobierno presentó un proyecto de ley que busca modificar de manera sustancial el Sistema de Admisión Escolar (SAE), incorporando mecanismos de selección de estudiantes en establecimientos con alta demanda y poniendo nuevamente sobre la mesa el debate sobre la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

La propuesta, anunciada por el Presidente José Antonio Kast, apunta a crear un modelo mixto de admisión que combine dos modalidades: la denominada "Elección Mutua" y la actual "Asignación Aleatoria", ambas administradas mediante una plataforma única del Ministerio de Educación.

Según explicó el Mandatario, la iniciativa busca devolver a las familias la posibilidad de elegir el establecimiento educacional de sus hijos y reconocer el mérito académico como un criterio válido en los procesos de admisión.

“Tenemos que reconocer el mérito de un joven que desde corta edad comienza a prepararse porque sabe que la educación es lo que le va a dar la movilidad social”, sostuvo Kast durante la presentación del proyecto.

EL PROYECTO

Según se explicó, la modalidad de Elección Mutua sería voluntaria para los establecimientos con sobredemanda y permitiría considerar factores como la adhesión al proyecto educativo, la participación en actividades informativas, aptitudes para programas especializados, entrevistas, cercanía territorial y rendimiento académico desde séptimo básico. Por su parte, la Asignación Aleatoria se mantendría para los colegios que no opten por el nuevo mecanismo o para los cupos que permanezcan vacantes.

Desde el Ejecutivo argumentan que, tras más de diez años de vigencia de la Ley de Inclusión, el SAE no ha logrado disminuir significativamente la segregación escolar ni mejorar las oportunidades educativas. Además, sostienen que una alta proporción de estudiantes que postulan a establecimientos con gran demanda termina siendo asignada mediante sorteo.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas desde el mundo académico. Mario Sobarzo, académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago e integrante del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, señaló que la reforma implica crear un sistema paralelo al diseñado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuyo objetivo era precisamente reducir la segregación existente en el sistema escolar.

“El sistema se creó para evitar que los establecimientos seleccionaran a las familias con mayor capital económico, cultural o social, y así permitir una mayor integración entre estudiantes de distintos contextos”, afirmó.

El académico recordó que diversos estudios han mostrado avances en esta materia. En particular, indicó que investigaciones recientes evidencian una disminución de los niveles de segregación escolar en los establecimientos públicos.

“Lo que se está proponiendo es volver a un escenario donde las escuelas tengan mayores herramientas para seleccionar estudiantes, lo que podría revertir parte de los avances que se han conseguido en inclusión”, advirtió.

Sobarzo también cuestionó el argumento gubernamental respecto de la libertad de elección de las familias. A su juicio, en los sectores más vulnerables los criterios de selección suelen estar condicionados por factores prácticos más que por la búsqueda de proyectos educativos específicos.

“Lo primero que suelen considerar las familias es la cercanía del establecimiento. Los costos de traslado y las condiciones económicas son determinantes en esa decisión”, explicó.

Asimismo, manifestó preocupación por la coexistencia de dos mecanismos de admisión dentro de un mismo sistema. “Ya es complejo para muchas familias enfrentarse a un proceso de postulación. Incorporar dos sistemas distintos puede generar más incertidumbre y dificultades para comprender cómo funciona el acceso a los establecimientos”, planteó.

El académico agregó que el SAE ya ha experimentado ajustes en los últimos años, incluyendo modificaciones durante el gobierno de Gabriel Boric que ampliaron los espacios para considerar mérito académico en determinados establecimientos.

“Los problemas de acceso y desigualdad son estructurales y no se resuelven simplemente ampliando las posibilidades de selección. Existe el riesgo de trasladar al sistema público mecanismos que históricamente han contribuido a la segregación educativa”, concluyó.

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