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(Foto: AgenciaUno)

Tras conocerse que el Consejo para la Transparencia sancionó a Paula Daza, Alberto Dougnac y Juan Francisco Galli, por haber “entorpecido y dilatado el procedimiento de acceso a la información pública”, por sumarios que habrían sido realizados producto de la pandemia, se dio a conocer que los montos del castigo alcanzarían un 75% de la remuneración promedio anual de Daza, y de un 65% en el caso de Dougnac.

Gloria de la Fuente, Presidenta del CPLT, señaló que esto sucedió porque se acumularon dos infracciones. “Lo que establece nuestra ley es que la sanción puede ir entre 20% y 50% de la remuneración de un mes. No es anual”, aclaró sobre el alto monto aludido. A su vez, afirmó que los casos por los que se habría solicitado información son de diversa procedencia, entre ellos migratorios (Interior) y en torno a decisiones por la pandemia (Salud).

“¿Por qué a los subsecretarios? Porque a ellos les corresponde por ley, son los jefes de servicios”, comentó de la Fuente, añadiendo que la información solicitada “no es que no se haya entregado una vez”, sino que ha sido de forma reiterada. La cientista política contó que cuando recién comenzaba la pandemia en 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que “los Estados de Excepción Constitucional no eran excusa para poder denegar el derecho a la información pública”, en orden de que la ciudadanía pudiese entender por qué las autoridades tomaban decisiones determinadas producto de la pandemia.

En cuanto al caso de la ex Subsecretaria de salud, Paula Daza, la renuncia ha puesto en interrogante que sucederá con la multa. “Esta es una cosa bien particular que no nos había pasado antes. Corresponde que la multa se aplique, y es lo que tiene que evaluar el Consejo, a quien está en posición del cargo, entonces podría ser la autoridad entrante”, comentó Gloria de la Fuente, destacando que de todas maneras ejecutar la decisión “es una señal muy concreta que esto no se trata de cumplir con los mínimos si no de respetar un derecho fundamental como es el derecho a la información”.

En la evaluación, podría decidirse que el monto sea pagado del bolsillo de Daza, ya que “cuando una autoridad deja de cumplir funciones en un cargo en particular, muchas veces le persiguen por un tiempo determinado las responsabilidades respecto al ejercicio del cargo. Hay que evaluar si esto es lo que corresponde”, apuntó la Presidenta del CPLT, que en todo caso fue categórica en denunciar que ante el incumplimiento de la ley, “teniendo mecanismos en materias de sanciones, lo vamos a ocupar sin dudar”.

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