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El  gobierno de Javier Milei bloqueó el acceso a todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino, con el fin de "garantizar la seguridad nacional", según informó a través de X el secretario de Comunicación, Javier Lanari, tras la presentación en las últimas horas de una denuncia contra dos periodistas por filmar dentro del edificio.

El Ejecutivo deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía el ingreso a unos 60 corresponsales de distintos medios nacionales y extranjeros, tras la denuncia contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, ambos de la señal televisiva local TN, por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada, después de la emisión de una filmación de zonas del edificio gubernamental.

"La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar (a cargo de la custodia presidencial) por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional", expresó Lanari en su cuenta de X.

La tradicional sala de prensa de la Casa Rosada permanece cerrada, en un hecho que muchos periodistas locales describieron como inédito, resaltando que estuvo habilitada y funcionó incluso durante la última dictadura cívico-militar en el país (1976-1983).

Tatiana Scorciapino, periodista del diario Tiempo Argentino y acreditado en la Casa de Gobierno, señaló a la agencia EFE, que tanto ella como sus colegas, se enteraron de la decisión gubernamental al intentar ingresar en la mañana del jueves al edificio, ubicado en la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.

"Hasta el momento, no tuvimos ninguna comunicación oficial sobre por qué la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (hermana y mano derecha del presidente) decidió prohibir el ingreso a los periodistas y cerrar arbitrariamente la sala. Nunca en la historia democrática nacional ocurrió algo de este calibre", afirmó Scorciapino.

El comunicador consideró que se trata de un ataque del gobierno no solo contra la prensa sino contra "la ciudadanía y su derecho al acceso a la información".