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El gobierno de Argentina restó importancia a la huelga general convocada el miércoles y que sacó a la calle a miles de personas, ya que considera que "sólo representó al 0,19 por ciento de los trabajadores" y tuvo más un "carácter político" que laboral.

El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, afirmó que el paro era un "espasmo" de "una casta sindical claramente en retirada", ya que considera que "millones" de argentinos están del lado del Gobierno de Javier Milei, que intenta sacar adelante reformas económicas profundas con las que liberalizar la economía.

El Ejecutivo cifra en 40.000 las personas que secundaron los paros en una jornada que transcurrió sin grandes incidentes.

"La movilización duró aproximadamente tres horas, el transporte funcionó hasta las 19.00 y la vida comercial ha sido normal, incluso los informes de diferentes asociaciones indican que el acatamiento ha sido muy bajo", declaró en rueda de prensa.

Para el portavoz, se trata de "una minoría" que aún no ha asumido los resultados de las últimas elecciones presidenciales, en las que el peronismo perdió el poder. El epicentro de las movilizaciones, las primeras de este calibre desde la llegada de Milei, se desarrolló en torno al Congreso.

Por otra parte, Adorni anunció que el Ministerio de Justicia promoverá próximamente la creación de una Fiscalía especial que examine de manera específica "la corrupción de los funcionarios públicos", con vistas a depurar responsabilidades en todos los niveles de la administración y tanto en el poder ejecutivo como el legislativo.

"Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito", dijo el portavoz, con la vista puesta en tipos como el enriquecimiento ilícito o los incrementos patrimoniales "no justificados".