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Luego de que el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Hernán Brücher, rechazara la solicitud del Municipio de Santiago de participar en la discusión del proyecto Línea 7 de Metro de Santiago en el Comité de Ministros, el gobierno comunal presentó un recurso de reclamación, exponiendo que la autorización ambiental de las instalaciones del medio de locomoción están en contra de la ley.

De acuerdo con La Tercera PM, el documento argumenta que el municipio liderado por la alcaldesa Irací Hassler (PC) cuenta con un rol legitimo y activo para participar en dicha instancia. Con ello, la mandataria busca presentar los reclamos de las y los vecino/as del Parque Forestal y del Barrio Lastarria, quienes se verían afectado/as por el trazado.

Por otro lado, la alcaldía asegura que apoya la realización del Proyecto Línea 7 de Metro, por los múltiples beneficios que este conlleva a la ciudadanía. Sin embargo, enfatiza que el diseño y construcción de los túneles debiesen estar preocupados por minimizar los impactos ambientales y sociales en áreas protegidas que pertencen al patrimonio ambiental del país.

Al respecto, el municipio exige que esta iniciativa sea analizada  "de acuerdo a toda la normativa aplicable, y no de manera sesgada, parcial, insuficiente, incompleta y contraria a la ley como se ha hecho". 

Por lo demás, el gobierno comunal señaló que el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), elaborado por el SEA junto a distintos estamentos públicos, subestima los daños que la construcción del proyecto pueda generar en los árboles y acuíferos subterráneos. Asimismo, plantea que la compensación propuesta por la empresa no tiene proporcionalidad con la pérdida de valor ambiental, paisajístico y patrimonial que afectará al parque.

En su defensa, Metro de Santiago aseveró que "ha dado respuesta a todas las observaciones, preguntas y comentarios levantados por los distintos servicios con competencia ambiental que evalúan el proyecto, así como los que han sido planteados por las comunidades y los municipios en la etapa de participación ciudadana".

“En conjunto, todas las optimizaciones permitieron reducir en 58 por ciento el número de árboles intervenidos y en 24 por ciento el área de ocupación superficial", aseguró la empresa estatal.