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Mientras mercados internacionales como Estados Unidos avanzan hacia la prohibición de los seis principales colorantes petroquímicos (derivados del petróleo) para finales de 2026 y la Unión Europea impone sellos de advertencia por potenciales efectos conductuales en niños, Chile mantiene una postura de continuidad. 

En Estados Unidos, el camino hacia la prohibición federal proyectada para finales de 2026 cobró fuerza tras hitos legislativos como la Ley de Seguridad Alimentaria Escolar de California. Esta normativa restringió los colorantes petroquímicos alimenticios públicos debido a su potencial vinculación con alteraciones conductuales, tales como la hiperactividad y el déficit atencional en menores de edad.

Por su parte, la Unión Europea adoptó un enfoque precautorio centrado en aumentar la transparencia y el desincentivo comercial a través del etiquetado. La regulación europea exige que cualquier alimento que incorpore Rojo 40, Amarillo 5 o Amarillo 6 exhiba una advertencia explícita en su envase, señalando que el componente puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.

Por su parte en Chile  el Reglamento Sanitario de los Alimentos permite el uso de aditivos comunes como el Rojo 40 y el Amarillo 5 bajo un sistema de límites máximos y rotulación destacada, lo que abre el debate sobre la actualización de la normativa nacional frente a ejemplos y experiencias internacionales.

Estos colorantes se encuentran en productos alimenticios tan comunes como las gomitas, condimentos como la mostaza, jugos en polvo y bebidas energéticas.

Para entender mejor el funcionamiento y la posibilidad de un cambio desde los petro colorantes a los colorantes naturales en nuestro país,  Diario Usach conversó con Marcela Zamorano, académica de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago y experta en composición química de los alimentos.

“Los colorantes son aditivos de propiedades sensoriales y su función es dar uniformidad al color en los distintos productos. Esto significa que el producto siempre salga con el mismo aspecto, relacionando la apariencia con el origen del alimento y su sabor. No tienen función conservante”, puntualizó Zamorano, sobre el fin específico de los colorantes en la industria alimentaria.

Sobre la regulación de estos colorantes en Chile, la experta aclaró que “el Reglamento Sanitario de los Alimentos se basa en las directrices del comité mixto de la FAO y la OMS (JECFA) y en la ingesta máxima admisible. Las concentraciones se autorregulan en la práctica, ya que un color excesivo sería rechazado por el consumidor”.

Marcela indicó que el reemplazo de estos colorantes artificiales “es un desafío porque los colorantes como el Rojo 40 y el Amarillo 5 tienen mayor estabilidad, gran intensidad de color, resisten variaciones de pH (en alimentos ácidos o neutros) y son de bajo costo. Los naturales se extraen de fuentes vegetales y presentan dificultades: sufren cambios de tonalidades, no todos toleran el mismo pH, varían durante el almacenamiento y exigen recurrir siempre al mismo proveedor”.

Para el mercado alimentario, cambiar los colorantes artificiales por los naturales representa un costo que Zamorano sitúa entre 10 y 20 veces más, debido a que “los colorantes naturales, debido a las complejas etapas de extracción, uniformidad y estabilidad, tienen un costo mucho mayor”.

La experta también señaló que la industria está avanzando en variar la fuente de la que se extraen nuevos colorantes naturales, desde tubérculos hasta algas, con el fin de reemplazar progresivamente los aditivos artificiales.

Finalmente, Zamorano advirtió que los estudios que han relacionado el consumo de los colorantes petroquímicos con el déficit de atención en niños “corresponden a poblaciones con hábitos alimentarios muy diferentes a los chilenos. Bajo las condiciones y concentraciones en que se usan en nuestro país, no proceden riesgos para la salud”.