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 El Gobierno de Perú aprobó este lunes un decreto legislativo que plantea condenar hasta con 30 años de cárcel los robos de teléfonos celulares y equipos informáticos, si existe el agravante del uso de explosivos o vehículos motorizados, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La ley fue aprobada por el Consejo de Ministros como parte de las "medidas para fortalecer la prevención y la lucha contra el comercio ilegal de teléfonos celulares en el país", señaló un comunicado oficial.

Al respecto, el primer ministro, Alberto Otárola, explicó que esta iniciativa se ha dado en el marco de las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana que ha otorgado el Congreso al Ejecutivo.

La medida modifica el Código Penal en la figura de robo agravado para incorporar "el robo de equipos terminales móviles, informáticos u otros similares, como agravante".

De esa manera, este delito será sancionado con penas de 12 a 20 años de cárcel, que podrán llegar hasta 30 años "cuando se utilicen explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito".

También se incorpora como delito la modalidad de receptación, "entendida como la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes", con lo que estará penado comercializar o importar equipos que permitan adulterar los códigos de seguridad y tarjetas de los celulares.

El comunicado agregó que, además, se incorporan como tipos penales a la posesión ilegítima de tarjetas SIM de celulares activados y la comercialización de equipos con el código de seguridad IMEI alterado, reemplazado o duplicado.