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Este fin de semana se dio a conocer un reportaje realizado por Chilevisión que evidenció que por medio de un resquicio legal, la empresa Metrogas, llevaría 5 años cobrando un 20% más por el precio final del gas natural. Esto lo había advertido un informe de la Fiscalía Nacional Económica que detalla que la compañía usa una empresa intermediaria, creada por sus mismos dueños, para evadir la regularización.

¿De qué se trata esto? Razones Editoriales conversó con el abogado y experto en Libre Competencia, Mario Bravo Rivera. “Este tema es de larga data, yo fui abogado de la Conadecus, y el año 2014 presentamos una consulta al Tribunal de la Libre Competencia para que investigara el fenómeno de la integración vertical y horizontal del mercado del gas. El gas es importado, llega al puerto y las empresas lo procesan, los envían por un ducto y luego lo distribuyen. Estos tres segmentos están controlados por las mismas empresas”, revela.

“El año 2014 hablamos con el ministro de la época, ministro Pacheco, y estaba de acuerdo en que esto no podía ser, presentamos la consulta, pero el ministro no se hizo parte, el Tribunal de la Libre Competencia no dijo nada, la Fiscalía Nacional Económica tampoco hizo nada, y seguimos solos en nuestra demanda”, enfatiza.

En cuanto al problema y su solución, el experto explica. “El ministro en esa época dijo que iba a fijar un precio al gas natural por cañería, pero de la noche a la mañana, antes que saliera el proyecto, presentó una indicación, que señalaba que las empresas que ya tenían un contrato había que respetarlas. Metrogas hizo una empresa hermana y esa empresa le vendía gas a Metrogas a un alto costo, lo cual reducía sus utilidades. Es más, hasta el día de hoy le tira gastos a la empresa hermana para no romper el umbral de utilidades y no ser castigados”, precisa. “Ese es el subterfugio que se hace y que le hace mucho daño a los consumidores”, plantea.

El abogado experto en Libre Competencia advierte. “Vale preguntarse porque la Fiscalía Nacional Económica hace un estudio, pero no pide las sanciones para impedir que se siga cometiendo este abuso”. A su juicio señala, “la FNE hace muchos años que sufre la captura del regulador, no es que exista corrupción, es que estas instituciones se identifican con las empresas investigadas”, afirma el abogado. “Yo soy partidario de que estos temas los investigue la Justicia ordinaria y no el Tribunal de la Libre Competencia cuyos jueces duran 3 años", agrega.

Finalizando, el abogado vislumbra algunas cosas a destacar de la Nueva Constitución. “Se está intentando eliminar estas instancias de la justicia económica. Respecto a la libre competencia, el borrador sigue garantizando la libertad económica: Segundo se continúa con al norma que dice que solo la ley puede regular una actividad económica; Y finalmente se establece que los atentados a la libre competencia, son atentados a la ciudadanía, eso me parece interesante”, concluye.