Esta semana, la ministra en visita Romy Rutherford, quien investiga las aristas del fraude en el Ejército, sometió a proceso al ex comandante en jefe, Óscar Izurieta, como autor de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar por el uso de gastos reservados de la institución.
Esta investigación desencadenó en otra arista, esta vez en el Ministerio Público, donde el fiscal nacional, Jorge Abbott, abrió una investigación de oficio contra los fiscales, María Constanza Izurieta y Andrés Iturra, hija y yerno del ex comandante en jefe del Ejército, por un eventual lavado de activos.
Para profundizar en los alcances de estas instancias judiciales, Razones Editoriales conversó con quien ha denunciado la corrupción dentro de la institución, el capitán en retiro del Ejército, Rafael Harvey. “Es impresentable, aquí se da una figura compleja porque está en riesgo la Seguridad Nacional, cuando la cúpula de nuestro ejército es permeable y susceptible de ser corrompida, entonces está en riesgo la seguridad de la nación”, afirma.
Y apunta directamente al actual comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez. “Uno espera a lo menos una mayor indignación, Fuentealba está procesado, Oviedo también y ahora Izurieta, además este último al dejar la comandancia en jefe fue subsecretario de Defensa en el primer Gobierno de Piñera. Era el encargado de planificar qué, cuánto y a quien comprar con los gastos en Defensa, eso es muy complejo”, advierte.
“Tienen tan institucionalizada la corrupción que ninguno ha necesitado un testigo que los delate, ha sido su propia confesión lo que los ha inculpado. Lo que hizo Izurieta de entregar una mesada de 800 mil mensuales a la familia Pinochet a través de los gastos reservados es impresentable, hasta al interior de la filas es cuestionado. Actuaron como el Cartel de Cali, esta era una verdadera organización de corrupción”, asegura.
Ya finalizando el ex uniformado valoró la labor que ha hecho la ministra Romy Rutherford, quien investiga las aristas del fraude en el Ejército. “Ha tenido que luchar contra los millones de pesos por contratos de abogados y a pesar de las influencias de la defensa política de los comandantes en Jefe que han tratado de sacarla”, concluye.
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