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Por Daniela Figueroa Videla

El Juzgado de Garantía de Temuco dio por acreditada la violación de Antonia Barra, pero desestimó decretar la prisión preventiva en contra de Martín Pradenas. Por ello, el acusado quedó con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a otras víctimas. De esta situación conversó Estación Central con Bárbara Sepúlveda, directora ejecutiva de Asociación de Abogadas Feministas, Abofem.

La magíster en derecho público Universidad de Chile señaló que la reciente decisión es apelable y por eso esperan que la querella lo haga, “pero esto (desestimar la prisión  preventiva) sucede porque en la justicia no se aplica la perspectiva con enfoque de género”.

Bárbara Sepúlveda señaló que la prisión preventiva es la medida más severa del sistema penal y ésta se aplica incluso con robos o contra la propiedad pero no contra delitos como una violación, “acá hay un sesgo de género”.

La directora de Abofem dijo que no hay formación idónea de género para los abogados, pero que el Poder de Judicial es del Estado y éste se ha comprometido a someterse a ciertos estándares y uno de ellos es la no revictimización. Recordó así las humillaciones que sufrió Nabila Riffo, quien vio expuesta su vida sexual cuando se llevó su caso a tribunales.

Sepúlveda dijo que claramente el Poder Judicial  tiene que revisarse, pues “el código penal no alcanza para estos delitos de violencia sexual”. “Cuando no hay perspectiva de género hay revictimización, humillación y acciones no oportunas” agregó.

Dijo que “hay una utilización sesgada y estereotipada de las mujeres” señalando que se culpabilizó en un momento a la propia Antonia Barra por haber ingerido alcohol.

Agregó que para evitar que las víctimas y denunciantes relaten una y otra vez lo que sufrieron, provocándose así la revictimización, se puede avanzar en términos tecnológicos como grabar los testimonios.

Sobre el caso de Antonia Barra, la abogada dijo que hay una gran expectativa en este juicio porque es simbólico, “muchas mujeres humilladas y abusadas se han visto reflejadas”

Por último sostuvo que la Fiscalía tiene 120 días, aplazable a dos años, para seguir adelante, por esto la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco es apelable “esto no es una sentencia, queda mucho aún”

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