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Francisca Delgado

Tras el fin del toque de queda en Holanda dictaminado por el Tribunal de La Haya, los cuestionamientos surgieron en Chile tras un año con la restricción. Al respecto, Jaime Bassa, abogado constitucionalista, apuntó que es difícil de justificar la extensión del control del desplazamiento donde “no tiene ninguna modificación en el Plan Paso a Paso” y se levanta la sospecha de que “hay un objetivo de control social adicional al sanitario”. 

Bassa explicó que el toque de queda es una medida sanitaria que restringe los derechos fundamentales para resguardar el ejercicio de otros derechos con la finalidad de proteger la salud y vidas de las personas. “Pero para autorizar la restricción debes comprobar como Estado que la medida es necesaria, proporcional y con sentido de urgencia y en Holanda no se logró demostrar”, agregó.

El abogado planteó que la medida restrictiva se basa en el Artículo 32 del Código Sanitario que “da demasiado poder discrecional a las autoridades sanitarias”. Sin embargo, afirmó que “el toque de queda, las cuarentenas y los cordones sanitarios han sido adoptadas por la autoridad civil y no se ha invocado la legislación de excepción constitucional”.

Respecto a la noción de la población, el experto señaló: “Aquí hay un malestar acumulado y una sensación de temor en la ciudadanía por la pandemia y la represión estatal que ha llevado que acepten a regañadientes las restricciones a sus derechos fundamentales”. Y diagnosticó que la gente y el rubro del comercio “está cansada y no entiende la necesidad” del toque de queda.

Ya finalizando, Bassa indicó que la situación podría cambiar la primera quincena de marzo con la renovación del estado de excepción: “Puede estar vigente por un año, pero si el presidente quisiera alargarlo más va a necesitar autorización del Congreso y ahí tenemos la oportunidad de discutir las medidas que se han tomado”.