Programas Radio Usach

Por: Francisca Delgado

El académico Usach considera que la propuesta debe ser revisada en detalle ya que “si es la misma figura que hoy es el ingreso mínimo garantizado, es en el fondo que el Estado se haga cargo de una parte de la planilla de sueldos de una empresa”. Y plantea que la situación afecta a la renta que se reparte a los hogares de ingresos más bajos e inestables, independiente de su relación contractual en los mercados laborales y propone realizar un registro eficiente de los trabajadores informales.

“Son propuestas en las cuales está detrás la reducción del aparato del Estado donde habría un sin número de programas que retrocederían y se cambiarían por una renta básica cuyo monto aún no se ha dado, pero si van a ser los mismos $50.000 es una situación compleja”, señaló Frigollet aludiendo a revisar la letra chica de la propuesta junto a la eliminación de programas con un enfoque de desarrollo cultural y social.

Respecto a la propuesta de reemplazar los programas sociales por transferencias, el economista señaló que “es darle a la gente poder de compra para ir al mercado que no funciona y tiene un sistema de precios depredador”.  Y considera que la renta de aquellos más desprovistos será extraída evidenciando una visión reduccionista ya que “trata de reducir fuertemente el accionar del Estado en materia reguladoras y provisión de bienes públicos para satisfacer las necesidades de las personas” afectando ayudas como la gratuidad en la educación superior.

Frigolett planteó que el ingreso mínimo propuesto se establece en términos de la línea de la pobreza donde un hogar percibe $460.000 y se propone lograr ese nivel pagando $300.000. “Queda 50% por debajo de lo que debería ser un ingreso mínimo garantizado acorde al estándar de vida para cualquier hogar chileno”, añade y considera que Juan Sutil y los empresarios “están pavimentando el slogan de campaña que está detrás de la candidatura de Joaquín Lavín”. El economista finalizó con la necesidad de una política pública que se haga cargo del 30% de trabajadores informales que laboran sin ningún sustento de protección social.