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Un proyecto de ley ingresado al Congreso busca obligar a los restaurantes y locales de comida a informar la cantidad de calorías de los alimentos y bebidas que ofrecen al público.

La iniciativa, presentada por los senadores Sebastián Keitel, Francisco Chahuán e Iván Flores, propone modificar la Ley N° 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, con el objetivo de transparentar la información nutricional y fomentar decisiones alimentarias más conscientes.

Según consignó The Clinic, la propuesta establece que todos los establecimientos que comercialicen alimentos preparados deberán indicar el contenido calórico de cada plato, preparación, producto o bebida. Esta información deberá estar visible junto al nombre de cada ítem en cartas de menú físicas, pizarras, cartas digitales y otros soportes utilizados para ofrecer los productos.

En los fundamentos del proyecto, los parlamentarios subrayan la importancia de contar con información clara al momento de elegir qué comer. “La toma de decisiones informadas respecto de la alimentación resulta fundamental. Las elecciones alimentarias inciden directamente en la salud física y mental de las personas”, señalan, destacando que una nutrición adecuada contribuye a prevenir enfermedades crónicas, fortalece el sistema inmunológico y promueve una relación más saludable con los alimentos.

La iniciativa se enmarca en la preocupación por los altos índices de obesidad en el país. De acuerdo con la moción, en 2025 Chile lidera las cifras de obesidad en Sudamérica, con un 42% de adultos obesos y entre un 70% y un 83% de la población con sobrepeso u obesidad, según diversas fuentes citadas en el texto.

El diagnóstico también alerta sobre la situación de niños, niñas y adolescentes. El proyecto indica que el sobrepeso u obesidad supera el 50% en etapa escolar y alcanza a más del 30% en menores de seis años. Entre los principales factores de riesgo se mencionan el elevado consumo de alimentos ultraprocesados, la baja actividad física y la exposición a la contaminación.

Con esta reforma, los autores del proyecto buscan no solo contribuir a la reducción de la obesidad, sino también fortalecer el derecho de los consumidores a acceder a información clara y transparente sobre los alimentos que consumen, trasladando parte de esa responsabilidad a los establecimientos gastronómicos.

 IMPACTO

Desde el ámbito académico, la iniciativa ha sido observada con cautela y matices. Daniela González, nutricionista y académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, valora el proyecto en cuanto a su enfoque en el derecho a la información, especialmente considerando los cambios en los hábitos alimentarios de la población.

“La propuesta intenta fortalecer el derecho de las personas a tener información sobre lo que consumen, pensando en un contexto de aumento de la alimentación fuera del hogar”, explica la especialista, subrayando que cada vez más chilenos y chilenas realizan sus comidas principales en restaurantes o locales de comida rápida.

No obstante, González advierte que el impacto de este tipo de medidas, por sí solas, tiende a ser acotado. “Hay evidencia internacional que muestra que la información nutricional sí puede modificar la conducta alimentaria, pero su efecto es en general bien modesto, o sea, se asocia a reducciones pequeñas de calorías, aproximadamente entre 45 y 50 kilocalorías por comida según la literatura”, señala.

Aun así, la académica destaca que, observada desde una perspectiva colectiva, la política podría tener efectos relevantes. “A nivel poblacional podría ser significativo”, sostiene, aunque enfatiza que los resultados mejoran cuando la información se presenta de manera comprensible y se articula con otras políticas públicas. En ese sentido, recalca que “el impacto aumenta cuando la información se acompaña de alguna interpretación y cuando se combina con educación alimentaria”.

Finalmente, González plantea que el debate legislativo debiera considerar una mirada integral. “Informar calorías en restaurantes puede ser un aporte, pero no debe entenderse como una solución aislada. Para que tenga un efecto real en la salud pública, debe integrarse a una estrategia más amplia que considere la calidad de la alimentación, la educación de la población y el apoyo a los pequeños establecimientos”, concluye.