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La Defensoría Penal Pública convocó a una mesa intersectorial para abordar la sobrepoblación en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, el principal de la capital, que actualmente es de unos 1.000 internos. El recinto tiene una capacidad de 4.000 pero hoy registra casi 5.000 privados de libertad.

La jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría, Nicole Lacrampette -quien tiene a su cargo la coordinación de esta mesa intersectorial-, explicó que esta sesión extraordinaria fue convocada para resguardar los derechos de las personas privadas de libertad en el establecimiento. En su mayoría, se trata de casos de prisiones preventivas y no de condenados.

“Entre otros problemas, ese recinto penitenciario tiene un nivel de sobrepoblación penal que es crítico, lo que está generando muchos problemas nuevos… Dentro de eso están las condiciones de habitabilidad interna, especialmente en el módulo 88, que es donde ambas Defensorías Metropolitanas han puesto especial atención, debido a la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchos de los internos”, señaló.

En el siniestro módulo 88 se han registrado brutales casos de secuestros de internos que son torturados por bandas de extorsionadores para exigir rescates a las familias. Incluso, en una sorpresiva visita realizada en junio de 2022 por el juez Fernando Guzmán a ese módulo descubrió in fraganti a 10 reos que desnudaban a otro en el baño para golpearlo y exigir rescate. El magistrado debió llamar a gritos a los gendarmes para auxiliarlo.

Según la abogada Lacrampette, el nivel crítico de hacinamiento del CDP también dificulta el acceso de la defensa pública, cuyas abogadas y abogados no alcanzan a visitar a todos los internos, muchos de los cuales no son visitados con la frecuencia que indican las reglas institucionales de actuación.

“Las otras instituciones que están en esta mesa -sobre todo las que hacen visitas periódicas, como el INDH y el Comité de Prevención de la Tortura- también han detectado problemas similares y tienen el mismo diagnóstico, en cuanto a que la sobrepoblación del CDP -entre otras situaciones- está generando problemas que no se solucionarán abordando judicialmente los casos particulares, sino que se requieren respuestas más integrales”, sostuvo Lacrampette.

El objetivo del encuentro fue poder compartir la información disponible en cada una de las instituciones participantes, para poder generar coordinaciones que permitan abordar esta crisis de forma más efectiva.

A la mesa asistieron el magistrado Guzmán y representantes de la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, del Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería, del área penitenciaria del Comité de Prevención de la Tortura, del Servicio Médico Legal y del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

Según Nicole Lacrampette, esta mesa de diálogo sesiona de forma ordinaria una vez cada tres meses y en esos encuentros se revisan los temas generales que releva cada institución.

“El tema de Santiago 1 ha salido en las cuatro reuniones ordinarias que ya hemos realizado y por eso citamos a esta sesión extraordinaria. La idea es que en las sesiones ordinarias que vienen –la próxima será en julio- vamos a ir haciendo seguimiento de lo que discutimos ahora, para ir avanzando y concretando los acuerdos que tomamos (…) Fue súper productivo y pudimos llegar a acuerdos respecto de cómo vamos a seguir adelante con este trabajo”, concluyó.