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Familiares de víctimas de la dictadura de Pinochet solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que inste al Gobierno de Gabriel Boric a “fortalecer las medidas” de las instituciones involucradas con el plan de búsqueda de desaparecidos.

Así lo pidieron asociaciones como la Agrupación Familiares Detenidos Desaparecidos (AFDD), Londres 38 y Espacio de Memorias en una audiencia del 188 Período de Sesiones organizado por la CIDH en Washington.

La inédita política de búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), impulsada por el Gobierno de Boric, busca esclarecer el destino de los desaparecidos, que se calculan en torno a las 1.469 personas, de las que solo se han encontrado 307.

Aun con el lanzamiento de dicho plan, la directora de Londres 38, Erika Hennings, lamentó la subsistencia de “los pactos de silencio, los archivos militares y el retraso de las investigaciones judiciales” en la actualidad, por lo que las asociaciones convocadas también solicitan a la CIDH que inste a Chile a calificar la desaparición forzada como tortura.

“La desaparición condena a los familiares a vivir permanentemente en la incertidumbre y con angustia”, afirmó la activista Ruth Vargas.

Dichas organizaciones también manifestaron la “falta de conexión entre investigaciones”, puesto que consideran que los procesos judiciales, en su mayoría, son de “carácter aislado y reduccionista”, hecho que no permite “reflejar la macrocriminalidad de forma genérica”.

“Se observan grandes vacíos en el desarrollo de políticas públicas de reparación actualizadas a las necesidades de las familias en la actualidad”, añadió Vargas, que tildó de “necesaria” una revisión del Plan de Búsqueda de acuerdo con los principios del derecho internacional.

La delegación de Chile en la audiencia, en nombre del Estado, reconoció que el avance en esta materia ha sido “más lento de lo necesario”, pero aseguró que el compromiso del gobierno de Boric con los derechos humanos “tiene un correlato en acciones concretas que involucran a todo el aparato estatal”.

En este sentido, el magistrado de la Corte Suprema de Chile, Mario Carroza, aseguró que el Poder Judicial cooperará con el nuevo Plan Nacional de Búsqueda que, destacó, generará “información útil en las investigaciones” mediante la creación de un banco de datos.