Actualidad

Este martes, La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se refirió a la condena de seis años de cárcel que le decretó un tribunal oral trasandino, aseverando la existencia de una “mafia judicial paraestatal” y que “la idea era condenarme como finalmente lo hicieron”. Además, aseguró ser inocente en el caso de irregularidades en la concesión de obras viales.

En lo que respecta a su inhabilidad para volver a ejercer cargos públicos, Fernández señaló: “No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 (cuando empezó el Gobierno de Mauricio Macri), a mi casa, a la misma casa de donde salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar al que fuera mi compañero" (Néstor Kirchner (2003-2007)).

"No voy a someter a la fuerza política que me dio dos veces el honor de ser presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral", explicó la expresidenta como motivación para no presentarse a las elecciones de 2023 y recordó que todos los cargos a los que accedió en su carrera política fueron "siempre por el voto popular". 

Fernández dijo que, además de a los dos mandatos suyos (2007-2015) y al de su difunto marido, Néstor Kirchner, también contribuyó "a la victoria de 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo". 

"Esto es lo que me están cobrando, y por eso me inhabilitan", indicó la exmandataria.

Fernández fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Los jueces hallaron culpable a la vicepresidenta del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.

La pena dispuesta para Fernández en la denominada "causa Vialidad" es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso. 

El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).