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Una investigación desarrollada por académicos de distintas universidades chilenas advierte que el lugar donde viven las personas y la presencia del Estado en los territorios son factores determinantes en el riesgo de femicidio en el país.

El estudio, titulado “Femicide, development, and state capacity in Chile” y publicado en la revista Applied Spatial Analysis and Policy, fue elaborado por Chiara Cazzuffi, del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor; Juan Paulo Marchant, investigador de la Universidad Bernardo O’Higgins y la Universidad Andrés Bello; y Svenska Arensburg, académica de la Universidad de Chile.

La investigación pone el foco en variables poco exploradas en este tipo de análisis: las condiciones sociales, institucionales y territoriales. A diferencia de estudios previos, centrados principalmente en factores individuales o en dinámicas de pareja, el equipo analizó cómo el entorno influye en la ocurrencia de este delito.

“Quisimos observar qué rol juegan las condiciones del entorno y la presencia del Estado en los territorios”, explicó Cazzuffi, enfatizando la necesidad de ampliar el enfoque con que se aborda la violencia contra las mujeres.

Entre los principales hallazgos, el estudio revela que las comunas con mayores niveles de desarrollo humano —medidos en base a ingresos, educación y salud— tienden a registrar menores tasas de femicidio. Sin embargo, advierte que este factor no es suficiente por sí solo.

Según los resultados, en aquellos territorios donde la presencia del Estado es débil, el desarrollo social no logra reducir de manera significativa la ocurrencia de estos crímenes. Esto evidencia que la violencia contra las mujeres no responde únicamente a factores culturales o individuales, sino también a la capacidad institucional para prevenirla y abordarla.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores trabajaron con la primera base de datos armonizada sobre femicidios en Chile a nivel municipal, construida a partir de la investigación doctoral de Juan Paulo Marchant. Esta información fue cruzada con indicadores de desarrollo humano y con un índice de capacidad estatal a nivel local.

Dicho índice considera variables como la existencia de Centros de la Mujer, tribunales de familia, presencia policial y capacidad administrativa de los municipios, permitiendo medir el rol efectivo del Estado en cada territorio.

Los datos fueron analizados mediante métodos estadísticos, estableciendo una relación directa entre desigualdad territorial, debilidad institucional y mayor riesgo de femicidio.

“Avanzar hacia una mayor igualdad territorial, fortalecer las instituciones locales y asegurar una presencia efectiva del Estado es clave para prevenir la violencia contra las mujeres”, concluyó Cazzuffi.