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La presunción de inocencia es un presupuesto de no culpabilidad que se aplica a toda persona, aún acusada en un proceso penal, mientras no se produzca sentencia firme condenatoria por parte de la autoridad competente, a través de una sentencia penal con autoridad de cosa juzgada.

Por ello, se plantea que durante el trámite de una causa, el imputado debe ser tratado como inocente. Y precisamente, la defensa de Manuel Monsalve y el propio ex subsecretario, apelaron a la presunción de inocencia y al derecho de “guardar silencio en espera de ejercer su derecho a defensa”. 

El antecedente anterior se muestra como sustancial, cuando en la jornada del pasado martes 19 de noviembre Monsalve fue formalizado por los delitos de violación y abuso sexual, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva, ¿pero sigue teniendo presunción de inocencia con todo lo que conocemos?

Para profundizar en esta arista legal y moral del Caso Monsalve, en “Frecuencia Pública” de Radio Usach, la periodista Daniela Figueroa conversó con Jaime Jansana, abogado y Presidente de la Liga de Defensores Penales y Penitenciarios de Chile.

“Se habla de la presunción de inocencia, que por cierto, es una garantía constitucional, a partir del gran cambio que se verificó a partir del año 2000 con la Reforma Procesal Penal, donde veníamos desde un derecho del culpable a un derecho penal del inocente”, explicó el abogado.

En ese sentido, Jansana pone el acento en el giro que dio el concepto en nuestra legislación. “Eso en la práctica significa que pasamos de un imputado que debe probar su inocencia a que el Ministerio Público tiene que probar la culpabilidad. La mayoría somos inocentes y en el evento de cometer un delito, no va a ser esencialmente o por regla general, con dolo”, comentó para aclarar los preceptos en discusión.

Respecto al caso Monsalve, el defensor indicó que “dado el conjunto de antecedentes que se vieron en audiencia, los videos y sin que esto importe necesariamente una anticipación de la pena, el juez Mario Cayul llegó a la convicción de que la autonomía sexual de la víctima se vio plenamente afectada”.

A lo anterior, y al finalizar agregó que “la indemnidad sexual y la autonomía sexual son de los valores más importantes, no sólo para la convivencia, sino para la vida y la salud de una persona. Una persona que es violada o abusada sexualmente, es una persona respecto a la cual le quedan huellas eventualmente para toda su vida”, reflexionó.