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La Asociación de Isapres criticó con dureza la fórmula que propondría el Gobierno para la implementación del fallo de la Corte Suprema que las obliga a regirse por la tabla de factores de la Superintendencia de Salud de abril 2022, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados.

Aunque aún no hay una cifra exacta, se estima que las compañías deberán devolver cerca de US$1.400 millones a sus afiliados. En tanto, el Ejecutivo sigue sin presentar una propuesta ante el Congreso, en medio de presuntas diferencias entre la ministra de Salud, Ximena Aguilera, con otros miembros del oficialismo.

En un comunicado, las aseguradoras señalaron que "hemos conocido la decisión del gobierno de implementar la sentencia de una forma que conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud, perjudicando no solo a los afiliados, sino al sector salud completo".

Luego advirtieron que "la metodología que pretende impulsar el Ejecutivo equivale a casi 100 años de utilidades", indicando que "es inviable, e incumple con la promesa del Gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son diez veces el patrimonio de las isapres y no pueden generarse, independiente de los plazos que se proyecten".

Asimismo, aseguraron que el máximo tribunal "ha enfatizado que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado. Pero la propuesta del Ejecutivo causa eso y más: restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud, de facto, muy lejos del ordenamiento requerido en la sentencia, para la cual existen interpretaciones factibles que no fuerzan un cierre administrativo y que el gobierno conoce".

"Las isapres hemos informado reiteradamente al Gobierno sobre los alcances y efectos irreversibles que tendría el persistir en esta propuesta. Contrario a la experiencia en materia de salud, el proyecto que iniciará su debate no tiene lógica sanitaria ni persigue mejoramiento alguno", complementaron.

Así, en el gremio apuntaron que "no comprendemos, más allá de la captura política que ha marcado su definición, por qué se impulsa, aún a riesgo de menoscabar el acceso a la salud de todos los chilenos, haciendo partícipe al Congreso y pretendiendo endosarle responsabilidad en una eventual crisis sanitaria".

"Como responsables de las coberturas de casi tres millones de afiliados, creemos que el fallo no puede ser transformado en un perjuicio para afiliados y pacientes, con la fórmula propuesta todos pierden. La salud debe pesar sobre cualquier consideración ideológica, y eso pasa por buscar un mecanismo que permita cumplir el fallo, manteniendo el funcionamiento del sector privado de salud", concluye la misiva.