El tradicional verde de la embajada de Venezuela, ubicada en la comuna de Providencia, solo es alterado por estos días por una cosa: una mancha roja que se puede ver en el portón C del recinto diplomático. Ya no hay filas desde tempranas horas de la mañana por venezolanas y venezolanos esperando a regularizar su situación en el país. Ahora en cambio, un grupo de carabineros rodeados de vallas papales custodia el lugar.
Ha pasado un mes desde las elecciones que, según el Centro Carter, “no fueron democráticas”. La vorágine política que vino después no ha cesado. Nicolás Maduro insiste en mantenerse en el poder, María Corina Machado –desde la clandestinidad- llama a movilizarse contra el régimen, y la comunidad internacional intenta hacer esfuerzos por encontrar una salida.
La posición del gobierno de Chile ha sido clara desde un comienzo, llamando a mostrar las actas del proceso electoral. Además, a mediados de agosto el presidente Gabriel Boric no dudó en tildar de “dictadura” el régimen de Maduro, luego de que el Tribunal Supremo de ese país acreditara el resultado. Esto último desató incluso una crisis al interior de su conglomerado político que se mantiene hasta hoy.
La postura del mandatario abrió una tensión diplomática con el país caribeño, que se evidenció al día después de la elección. El líder chavista llamó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, y el resto de la misión diplomática a retirarse de nuestro país.
EL RUMBO DEL EMBAJADOR
La salida fue rápida, pero caótica. Méndez, desde su auto, el 29 de julio en la noche proclamó la frase: “muera el fascismo”. De esa manera, habría puesto fin a su estancia en Chile, que se remontaba desde mayo de 2013, dos meses después del fallecimiento de Hugo Chávez.
Pese a que la información oficial del gobierno de Maduro dice que Méndez dejó el país, lo cierto es que la diáspora venezolana no tiene claro su paradero. Algunos vecinos del sector dicen que lo vieron días después de sus mediáticas declaraciones. Sin embargo, desde Cancillería aseguraron que no se van a referir a su paradero.
En el edificio, aunque ya no hay personas realizando trámites, se sigue viendo movimiento, algunos camiones entran y salen. Las personas que se ven fluctúa entre seis y siete, considerando al personal administrativo y de servicio. Ninguno de ellos comenta qué sucede al interior del recinto. Los únicos chilenos que tienen acceso a las instalaciones son los carabineros, que siguen custodiando el lugar por instrucción del gobierno chileno.
Del rumbo del embajador ninguna certeza. Ni los medios venezolanos tienen registro de un supuesto arribo a su país. Del compañero de promoción de Hugo Chávez en la Academia Militar de Venezuela nada se sabe.
SIN RESPUESTAS
El conflicto político entre Venezuela y Chile tiene miles de víctimas silenciosas en nuestro país. Se trata de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes que quedaron a la deriva. Sin representación diplomática estable no tienen acceso a documentos de identificación que les permita establecerse en una vivienda, buscar trabajo, acceder a beneficios estatales o simplemente buscar nuevas alternativas fuera de las fronteras chilenas. Decenas de pasaportes venezolanos no fueron entregados después de las elecciones, incluso cuando se pagó por ellos y tenían fecha de entrega establecida.
“Lo más complejo tiene que ver con la documentación de niños, niñas y adolescentes, entendiendo que en Venezuela ellos no tienen derecho a contar con una cédula de identidad sino a partir de los nueve años. Entonces para trámites migratorios se necesitaba un certificado o partida de nacimiento que estuviera apostillado por la Sección Consular de la Embajada aquí en Santiago”, comentó Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de venezolanos en Chile, quien aseguró que incluso, en los casos más graves, puede haber problemas de identificación con los menores, lo que pone en riesgo su integridad.
“Es muy complejo para el Estado chileno poder acreditar que este niño o niña es quien dice ser y es hijo de quien dicen los padres que son hijos. Entonces se complica la regularización de estos niños porque el Estado tiene la obligación de verificar que estos niños están realmente con sus cuidadores principales”, sostiene la mujer.
Para la comunidad venezolana en Chile, su embajada nunca fue un “aliado” a la hora de realizar un trámite. Reconocen en el personal diplomático a la “oposición” y aseguran que nunca fueron recibidos de buena forma. Tan distante y tensa era la relación que no guardan ningún contacto de los funcionarios que representaban a su Estado en nuestro país.
“Era un trato bastante indigno, violento, generalmente se les maltrataba a las personas dentro de la sección consular, se les prohibía mantener sus celulares encendidos o hacer uso de ellos. Si una persona, quizás por un tema de una emergencia, contestaba una llamada, ellos lo interpretaban como que estaba intentando hacer algo. Entonces era una situación, una relación bastante difícil y compleja”, sentenció.
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