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El Colegio de Enfermeras de Chile lamentó lo vivido el fin de semana pasado en el Hospital El Pino de San Bernardo, asegurando que se encuentran “en alerta”, emplazando al gobierno por la seguridad de los funcionarios sanitarios.

Cabe recordar que la madrugada del pasado 7 de febrero, ingresaron al recinto 9 pacientes heridos de bala y, simultáneamente, se escuchó ruidos de balazos que habrían sido percutados al aire desde un vehículo en las afueras del centro hospitalario, provocando temor y desconcierto entre trabajadores y pacientes.

Desde el gremio afirmaron que “la falta de seguridad que viven los trabajadores de la salud en el desempeño de sus funciones, son motivo de denuncias diarias en los distintos niveles de atención del Sector Público”.

“Estas no han sido consideradas por las autoridades de turno ni legisladores; por lo que se requiere de manera urgente, políticas claras de resguardo y seguridad para estos trabajadores, quienes son la cara visible de un sistema de salud colapsado y con un enfoque que solo fortalece el aspecto curativo, pero que no da respuesta a la necesidad real de la población”, agregaron.

 Asimismo, aseguraron que “los servicios de urgencia se encuentran en todo momento colapsados y ante la falta de camas, se transformaron en servicios clínicos para hospitalizados, distorsionando el objetivo de un servicio de emergencia, con recurso humano insuficiente y condiciones contractuales precarias e inestables, las que se han evidenciado con la pandemia”.

 “Hacemos un llamado a las autoridades locales y ministeriales de salud, a no tomar medidas eventuales y facilistas frente a la realidad social de violencia y muerte que afecta a nuestro país”, añadieron.

También los instaron “a ser concretos con la protección a los ciudadanos y en especial, a quienes dan atención de salud a la población desprotegida”.

 El Colegio de Enfermeras recordó “la responsabilidad legal que tienen las autoridades de los recintos de salud con los trabajadores del sector, según el Artículo 90 actualizado de la Ley 18.824 del Estatuto Administrativo”,

 “Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma”, precisaron.